La municipalidad pide al concejo que se cree un registro de chatarrerias
La Administración Municipal ha presentado ante el Concejo un anteproyecto de ordenanza que busca la incorporación a la ley provincial 14.191, la cual establece la creación del Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos. Con esta medida, se espera que los negocios e industrias involucrados en la comercialización de estos tipos de metales deban completar un proceso de inscripción previo a la obtención de la habilitación municipal. Además, se implementarán mecanismos de supervisión para regular la actividad.
Gustavo Zignago, el Secretario de Gobierno municipal, ha subrayado la relevancia y necesidad de esta herramienta para fortalecer el control sobre los establecimientos de este tipo. Esta iniciativa cobra aún más importancia en vista de los repetidos robos de metales y cables de tendidos eléctricos en espacios públicos, los cuales han causado perjuicios significativos tanto a los ciudadanos como a instituciones locales.
En la comunicación presentada al Palacio Vasallo, se detalla el trabajo valioso que la municipalidad ha realizado hasta ahora con respecto a estos establecimientos. Durante la gestión actual, se han clausurado un total de 62 chatarrerías y se han presentado 31 denuncias penales ante la justicia provincial contra los propietarios de estos locales. Estas denuncias surgieron como resultado de repetidas violaciones a las clausuras que fueron confirmadas por inspectores municipales.
Zignago explicó que, a pesar de que la mayoría de estos establecimientos operan de manera legítima, existe una minoría involucrada en actividades delictivas relacionadas con el robo de cables, manijas de puertas, porteros y otros objetos metálicos. El propósito del registro propuesto es separar los negocios que cumplen con las regulaciones de aquellos que facilitan la comisión de delitos al comprar y revender metales robados.
Conforme a la ley provincial 14.191, se establece que antes de obtener la habilitación municipal, todos aquellos que realicen actividades comerciales o industriales con metales no ferrosos deben inscribirse en el registro dentro de un plazo de 30 días. Esta regulación aplica a chatarrerías, desarmaderos de automóviles y tiendas de compra-venta de bienes usados. El objetivo principal es obtener un conocimiento más profundo de esta actividad comercial que está bajo un escrutinio más estricto.
La implementación y supervisión de este registro están a cargo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, según la mencionada ley provincial.
Aquellos interesados en inscribirse deberán presentar su documentación en el API y la Afip, además de proporcionar comprobantes de compra y transporte de los materiales. En el caso de aquellos que no se registren, la normativa contempla la clausura del comercio, sanciones económicas y la notificación al Ministerio Público de la Acusación (MPA), el cual tomará medidas de acuerdo a su jurisdicción.
El constante robo de cables ha tenido un impacto significativo en diversas redes, como las de telefonía fija, internet, televisión por cable y los servicios públicos como la electricidad, el agua y el gas. Este patrón delictivo ha afectado a miles de residentes de Rosario y los números son alarmantes: desde octubre de 2020 hasta abril de 2023, se han registrado aproximadamente 5.900 incidentes de robo de cables en la ciudad. Estadísticas proporcionadas por Telecom, una de las principales afectadas, indican un promedio mensual de 218 robos en la ciudad. En total, esto ha resultado en la sustracción de alrededor de 271,000 metros de cable y aproximadamente 154 toneladas de cobre en los últimos 30 meses. Para tener un punto de referencia, en la ciudad de Santa Fe, la misma empresa reportó 330 incidentes en el mismo período, aproximadamente 12 al mes.
