La emergencia en seguridad, un termómetro para el peronismo y la oposición

La emergencia en seguridad que envió el gobernador Omar Perotti a la Legislatura será el primer test político de 2023 en Santa Fe. El proyecto servirá como un termómetro de la relación entre el peronismo y la oposición. Pero también pondrá a prueba la capacidad de los socios del nuevo frente para tallar una posición común sobre un tema sensible y donde afloran diferencias.

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Vencida el 31 de diciembre pasado la emergencia en seguridad pública, el 13 de enero el gobernador envió al Senado el mensaje Nº 5.109 para extender la excepción hasta el último día de 2023.

El objetivo es agilizar la compra de armas, municiones y patrulleros. También elevar los montos asignados a licitaciones públicas y privadas.

Además, la iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad provincial deberá informar a las comisiones de Seguridad de Diputados y el Senado todos los actos administrativos en un plazo no mayor a las 72 horas.

Por ahora, los principales dirigentes opositores no se muestran intransigentes. A nadie le resulta cómodo bloquear una norma sobre el tema que más preocupa al electorado de las ciudades más pobladas. Sin embargo, sí ponen ciertas condiciones.

“Es la tercera emergencia que piden. Antes de debatir una nueva queremos saber para qué la quieren y para qué usaron la anterior. Es muy difícil votar esa herramienta que pide el gobierno hasta que no aclaren estas cuestiones”, dijo a La redaccion el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara baja, el radical Juan Cruz Cándido.

Y agregó: “Es la última emergencia que va a tener el gobierno y va a condicionar al que venga. Tenemos que consensuar los objetivos y los plazos. Además, el mensaje enuncia algo de lo que quieren hacer en el ámbito penitenciario, no dice nada de lo que quieren hacer en seguridad pública”.

En ese sentido, el martes próximo se reunirá en Rosario la comisión bicameral de seguimiento de la ley de emergencia. El encuentro tendrá un formato mixto: algunos integrantes participarán de modo presencial y otros se conectarán a través de Zoom.

Lo importante es que allí se formalizará el pedido al Poder Ejecutivo para que informe cómo se usaron los 3.000 millones de pesos que otorgó la ley sancionada a fines de 2021.

El uso de esos fondos gatilló el año pasado un duro conflicto entre el gobierno y la oposición. En octubre, socialistas, radicales y otros espacios políticos denunciaron que el Ejecutivo solo había ejecutado el 10 por ciento de los fondos.

Con una agravante: la subejecución se daba en medio de la ola de violencia que azotaba Rosario y que provocó un récord de homicidios en la ciudad.

El clímax del conflicto ocurrió cuando el ministro de Seguridad provincial, Rubén Rimoldi, y la entonces secretaria de Administración Financiera de esa cartera, Ana Morel, fueron citados por Diputados.

Con el comisario retirado en silencio, la contadora se trenzó con los legisladores y mostró grandes dificultades para explicar cuántos recursos se habían ejecutado.

Tras dos meses de guerra fría entre Rimoldi y Morel, a quien en la misma Casa Gris acusaban de frenar el funcionamiento del ministerio con su rigor administrativo, la responsable logística renunció.

Desafío

Pero además, la emergencia en seguridad será una prueba para el nuevo frente opositor, que tiene la llave de la aprobación en la Cámara baja.

El miércoles se reunirán en Rosario dirigentes de todos los partidos que quieren armar la nueva alianza para coordinar una posición común sobre el tema.

La diputada socialista Lionella Cattalini, vicepresidenta de la comisión de Seguridad, indicó que como PS llevarán una posición “no tan tajante” respecto de la norma.

“Queremos aportar y colaborar. De hecho, la emergencia anterior es un proyecto nuestro. Pero no podemos discutir si no sabemos cómo se usaron los fondos”, adelantó.

La idea del socialismo es ir articulando a partir de ejes concretos y dejar la discusión de la estructura para más adelante. Otros partidos, como el radicalismo, quieren pisar el acelerador y avanzar cuanto antes en un esquema de funcionamiento del nuevo frente.

Por lo pronto, con una mesa de conducción que permita consensuar posiciones y prevenir, o al menos amortiguar, choques como los que protagonizaron esta semana el intendente de Pablo Javkin y el vicepresidente nacional del PRO, Federico Angelini.