Alvarado construyó «el primer modelo empresarial criminal en la ciudad»

Tres semanas después de que su voz se escuchara en el juicio contra Esteban Alvarado en el Centro de Justicia Penal, el testigo Rodrigo Ortigala declaró ayer en el juicio paralelo que se le sigue desde este martes al empresario narco en los Tribunales Federales de Oroño al 900. Conectado en directo por pantalla, los nombres y situaciones que relató el ex colaborador de Alvarado sonaron como un eco de lo ya dicho en sede provincial. Así, al dato novedoso de la jornada lo aportó un comandante mayor de Gendarmería Nacional que investigó al clan en 2015: “Lo que vimos fue la inserción de un modelo empresarial criminal. El primero de este tipo en Rosario”, dijo.

Los dos juicios simultáneos que se sustancian contra Alvarado en los fueros provincial y federal provocan constantes reenvíos de un proceso a otro. Así ocurrió con el testimonios de Ortigala, un amigo de Alvarado que se distanció de él en 2012 cuando su jefe descubrió que su asistente salía con su esposa y lo hostigó hasta quitarle por la fuerza su casa de Roldán. Su hermana Mariana, citada a a continuación, no llegó a declarar porque las partes desistieron de su testimonio.

Los hermanos Ortigala fueron del riñón de “El Esteban” y ahora están enemistados con él. Cuando la investigación provincial contra Alvarado cobró fuerza tras el crimen del prestamista informal Lucio Maldonado en noviembre de 2018, los hermanos se presentaron en la Fiscalía y dieron detalles sobre cómo funcionaba la violenta organización a la que se atribuyen homicidios y el armado de un emporio de sociedades comerciales financiadas con dinero del delito. Se los considera ahora cercanos a Ariel “Guille” Cantero, preso como jefe de la banda rival de Los Monos. Ortigala dijo ayer que no tiene trato con Guille sino con familiares cercanos. Por lo demás, su aporte fue una reiteración de lo dicho en la sede provincial.

Luego declaró el comandante mayor de Gendarmería Nacional José María Valdez. El funcionario contó cómo en el años 2013 se encaró una investigación conjunta con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a la sociedad que conformaban Alvarado y el asesinado Luis Medina. Entre otras revelaciones, dijo que el médico rosarino Gabriel Esteban Zilli, condenado en 2020 a 8 años de prisión por contrabando internacional de droga en la causa conocida como “Arroz blanco”, visitaba a Alvarado en la cárcel mientras éste cumplía condena por dirigir una banda que desguazaba autos de alta gama robados en el conurbano bonaerense.

Tres semanas después de que comenzara a ser juzgado por dos homicidios y como jefe de una asociación ilícita en el fuero provincial que logró su captura en febrero de 2019, Alvarado se sentó este martes en el banquillo ante el Tribunal Federal Oral N 2 integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Rodríguez. Se lo acusa de organizar el traslado de 494 kilos de marihuana incautados en noviembre de 2017 en Río Negro, un delito por el que en 2019 fueron condenados cuatro hombres a penas de 4 y 6 años de prisión.

La mañana del 24 de noviembre de 2017 agentes del Senasa que inspeccionaron un camión Scania con semirremolque en un control cercano a la ciudad de General Roca percibieron un fuerte olor a marihuana en la cabina. La policía rionegrina montó entonces un control cerca de la Central Térmica Roca. Allí fue interceptado un Chevrolet Vectra bordó que acompañaba al camión y en el cual iban José Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni. Los hermanos Jesús José y Marcos Esteban Rodríguez circulaban detrás en el camión, donde se encontraron 493,937 kilos de marihuana distribuida entre el vehículo y el semirremolque.

Faltaba resolver quién había organizado la logística del transporte. La Justicia federal rosarina contaba con una denuncia de un testigo de identidad reservada que conectó a Ianni con Alvarado. Pero el empresario también era investigado desde 2015 por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Unidad de Información Financiera por presunto lavado de activos en el entorno de Luis Medina. Todo esto derivó en el procesamiento de Alvarado como organizador del transporte y por lavado de activos dictado a fines de 2019, a casi un año de que fuera detenido por fiscales provinciales.

Esteban Alvarado enfrenta desde este martes su primera causa en la Justicia Federal.

Del desarrollo de esa investigación habló en el juicio el comandante Valdez, subdirector antidrogas de Gendarmería Nacional que trabaja el edificio Centinela de la fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contó que en 2015 se desempeñó como jefe de Investigaciones y Procedimientos Judiciales en Rosario y a pedido de la Fiscalía Federal Nº 1 participó de una investigación conjunta iniciada años antes con la PSA: “Había una investigación dirigida a una organización criminal que sus cabezas eran Luis Medina y Esteban Alvarado”.

La primera tarea fue establecer quiénes eran. “Observamos que Alvarado manejaba el territorio por el dominio de la calle y Luis Medina se dedicaba a incrementar los negocios a nivel de empresas”, dijo el comandante. Medina fue asesinado junto a su novia en diciembre de 2013 en el acceso sur de Rosario. Alvarado estuvo detenido desde 2012 en la causa en la que fue condenado por robo de autos, primero en el penal de Campana y luego en Urdapilleta, hasta que obtuvo la libertad condicional en 2016.

Según Valdez, la investigación no se concentró en sitos de venta de drogas o maniobras de tráfico: “No era nuestro objetivo establecer en forma directa un lugar de comercio de estupefacientes, en esa época en Rosario existían en forma masiva los llamados búnkers con una estructura de seguridad muy particular. Nosotros queríamos mirar la organización criminal”.

“Hubo mucho trabajo de reconocimiento de empresas, relaciones entre personas, se pedían las visitas que hacían a Alvarado en la cárcel. Se conocía que había habido inversiones de dinero en diferentes formas de aplicación económica. Lo que vimos fue la inserción de un modelo empresarial criminal. La primera organización de este tipo en Rosario”, remarcó el gendarme, que participó en veinte investigaciones a organizaciones similares a lo largo de treinta años.

“En la experiencia que yo tenía observábamos que las organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico, al transporte o a la comercialización no desarrollaban paralelamente una estructura comercial. Acá vimos un modelo empresarial criminal, que es cuando se mezclan las acciones comerciales buscando un beneficio de la organización criminal”, añadió, y aclaró que las inversiones se detectaron en el rubro de la venta de autos y esparcimiento, con uso de prestanombres y maniobras de lavado de dinero.

El funcionario indicó que, desde el principio, la hipótesis fue que Alvarado ingresaba cargamentos de droga desde Paraguay o Bolivia por vía aérea. Sostuvo que esa presunción se confirmó al revisar la causa del fiscal bonaerense Patricio Ferrari contra Alvarado por robo de autos. Allí encontraron filmaciones de un celular Blackberry que registró el descenso de avionetas en campos de la provincia.

“Fue la primera vez que vi en tiempo real cuánto dura el aterrizaje de una avioneta. Nos permitió mejorar el trabajo en el territorio. Entendimos que los pilotos que vuelan por narcotráfico no respetan alturas de vuelo, zonas protegidas. Pensábamos que podían aterrizar en un aeródromo, en un aeroclub. Nos dimos cuenta de que usaban cualquier lugar que garantice la operabilidad de la nave”, indicó. El video, luego exhibido en la sala, permitió precisar que la descarga de la droga se concreta entre dos y tres minutos.

Valdez señaló que Alvarado dirigía esas operaciones desde la cárcel. Planteó que no era casual la manera en que se concatenaban las visitas y dijo que sólo podía acceder a la celda del líder quien obtuviera la autorización de Antonio Benegas, condenado en la provincia como su mano derecha. Entre otras visitas destacó la de Zilli, “un doctor de Rosario involucrado en la causa Arroz blanco. En su casa encontramos a unos colombianos cocinando el arroz con la cocaína. Eran más que visitas. Era ir a ver al jefe, no le quepan dudas”, le dijo al fiscal Fernando Arrigo.

Luego, ante una pregunta de Fernando Arias Caamaño, defensor de Alvarado, el gendarme admitió que no hubo operativos con allanamientos o secuestros. Sí indicó que se encontraron conexiones entre personas investigadas por narcotráfico y Alvarado. Como ejemplo mencionó el caso de Gustavo “Tuerto” Cárdenas, condenado en 2019 a 9 años de prisión como organizador de una banda narco, quien también visitaba a Alvarado en prisión.