El Estado se hará cargo del financiamiento del puente Rosario-Victoria
Durante la apertura de sobres de la licitación para la concesión de la conexión con Victoria y de las rutas nacionales 12 y 14, se confirmó que la empresa adjudicataria contará con financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), pese a las declaraciones previas del presidente Milei sobre el tema.
8 de octubre 2025 · 18:14hs
Se registraron siete propuestas en la licitación para la concesión del corredor Rosario–Victoria y de la Ruta del Mercosur.
Este martes, el gobierno nacional informó la recepción de siete propuestas para la concesión del corredor Rosario–Victoria y de los corredores correspondientes a las rutas nacionales 12 y 14, denominadas Ruta del Mercosur. Pese a los anuncios previos del presidente Javier Milei sobre la ausencia de financiamiento estatal, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) aprobó, horas antes de la apertura de sobres, un crédito de 56.000 millones de pesos —equivalente al 70 % del monto contractual— destinado a cubrir parte de las obras.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó este miércoles en redes sociales el resultado de la apertura de los sobres de la licitación pública de las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria), lo que implica la privatización de un total de 741 kilómetros.
Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado», Expresó.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también difundió la noticia a través de su cuenta de X, donde expresó:
«El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas».
Entre las empresas que presentaron ofertas para esta licitación figuran Autovía Construcciones y Servicios, Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina, Obring y Coyserv, distribuidas entre los dos corredores en juego. El propósito oficial es reemplazar gradualmente la gestión estatal —actualmente en manos de Corredores Viales S.A.— por un modelo de administración privada que, según el Ejecutivo, busca agilizar las obras, mejorar la eficiencia y reducir el gasto público.
Aunque ambos funcionarios destacaron el papel central del sector privado, el financiamiento de las obras finalmente provendrá del Estado.
Finalmente ocurrió lo que el Gobierno nacional había asegurado que no sucedería. El modelo de concesión “sin aporte del Estado”, presentado por la gestión libertaria como símbolo de su política de obra pública, se quebró en su primera experiencia. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), organismo estatal, otorgó un crédito millonario para financiar las obras iniciales de la licitación del corredor vial Rosario–Victoria y de las rutas nacionales 12 y 14, conocidas como la Ruta del Mercosur.
La resolución fue publicada este lunes, a tan solo 48 horas del cierre del llamado a licitación (504-0007-LPU25). La apertura de sobres de la licitación pública, destinada a concesionar el puente Rosario–Victoria y las rutas nacionales 12 y 14, se realizará este miércoles. El crédito aprobado prevé un financiamiento máximo de 56.000 millones de pesos, equivalente al 70 % del monto de inversión, con tasa UVA +2 %, un plazo de seis años y un período de gracia de un año.
De las promesas a los hechos
El gobierno de Javier Milei había reiterado que las concesiones viales no implicarían el uso de fondos públicos, sino que el financiamiento estaría a cargo de las empresas, que recuperarían su inversión mediante el cobro de peajes. No obstante, ninguna constructora manifestó interés en aportar capital propio bajo esas condiciones, lo que puso en riesgo de quedar desierta la licitación.
El anuncio del BICE modificó el escenario y permitió la participación de al menos cuatro importantes constructoras vinculadas a la obra pública nacional, según publicó La Nación. La medida representa, en la práctica, un giro de 180 grados respecto del discurso oficial y refleja el peso que aún conservan los tradicionales contratistas viales, habituados a operar con financiamiento estatal.
Condiciones y polémica
El financiamiento se complementa con un esquema fiduciario de garantía y fondeo. No obstante, la medida podría generar controversias legales: algunas empresas que no participaron de la licitación podrían sostener que la modificación de las condiciones a último momento alteró de manera sustancial el proceso, lo que abriría la puerta a posibles reclamos judiciales.
La medida también se presenta en tensión con el planteo oficial de reducción del tamaño del Estado, dado que, en los hechos, destina recursos públicos al financiamiento de la infraestructura vial.
Crisis en un corredor vial estratégico
La licitación de este miércoles contempla la concesión de la conexión Rosario–Victoria, tramo estratégico del Mercosur y relevante para el comercio con Brasil. La administración previa, ejercida por Caminos del Río Uruguay (Crusa), finalizó en abril con un deterioro significativo de la infraestructura vial, incluyendo baches, hundimientos, señalización insuficiente y peajes desactivados.
Más de 500 trabajadores quedaron sin certezas sobre sus empleos, mientras se registraron protestas en los accesos y Vialidad Nacional tuvo que asumir temporalmente el control del corredor. Las constructoras advierten que la tarifa de peaje prevista —unos $4.200 cada 100 kilómetros para un automóvil— no alcanza para cubrir los costos de reparación.
Quiénes están detrás del BICE
El banco estatal encargado de financiar las obras, que inicialmente se pensaban con capital privado, está presidido por Maximiliano Voss y Evert Van Tooren. Su directorio incluye a destacados actores políticos: Nicolás Scioli, hermano del exgobernador bonaerense; Felipe Núñez, conductor del canal oficialista Carajo; y el economista Martín Vauthier, vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo.
La situación evidencia la contradicción entre el relato oficial y la implementación: un gobierno que promueve la disminución de la intervención estatal en obra pública vuelve a utilizar financiamiento público frente a la presión del sector privado y al estado de deterioro vial.
