Rosatti confía en el sistema acusatorio mientras Santa Fe enfrenta desafíos en la lucha contra el narcotráfico
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, expresó su optimismo respecto al nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) aplicado en Santa Fe. «Tengo mucha expectativa en el sistema acusatorio: las primeras estadísticas que me llegan de la jurisdicción de Rosario son alentadoras, vamos por el buen camino», afirmó Rosatti en el XXIV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales.
La implementación del sistema acusatorio federal en Santa Fe es una de las medidas clave adoptadas para enfrentar el narcotráfico y la violencia en la provincia, un desafío que ha sido prioritario para el gobernador Maximiliano Pullaro. Durante el primer semestre de este año, se registró una notable disminución en los índices de homicidios y de heridos con armas de fuego, lo que ha sido visto como un avance en la seguridad pública.
El sistema acusatorio federal: un nuevo enfoque
La implementación del nuevo régimen procesal ha sido destacada por fiscales federales en Rosario como «auspiciosa», dado que permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Este sistema, que fue ponderado por Rosatti, representa un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos en la provincia, y aunque aún es necesario ajustar ciertos aspectos, los primeros resultados han sido positivos.
Sin embargo, la puesta en marcha de este sistema ha coincidido con la aprobación de la ley de narcomenudeo en Santa Fe, que habilita a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia a investigar delitos relacionados con drogas, competencias que anteriormente eran exclusivas de la Justicia federal. Esta situación ha generado algunas diferencias entre autoridades federales y provinciales, así como entre jueces y fiscales sobre la jurisdicción de las causas.
Desafíos en la convivencia judicial
Aunque no se han registrado «cortocircuitos» graves, según fuentes judiciales, existen diferencias en los criterios de competencia que, en algunos casos, podrían terminar siendo resueltas por la Corte Suprema de la Nación. Un ejemplo de ello es la causa por lavado de activos contra Andrés «Pillín» Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central, donde la fiscalía federal de Rosario y la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe han presentado posturas encontradas sobre quién debe llevar adelante el caso.
Mientras tanto, los operativos contra el microtráfico han avanzado en la provincia. Desde el inicio de la gestión de Pullaro, se han realizado 27 operativos de derribo y tapiado de puntos de venta de drogas. Estos operativos no solo buscan desmantelar los puntos de venta, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia estos focos de criminalidad.
Seguridad y tensiones políticas
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó recientemente Rosario para presentar los resultados del Plan Bandera junto a Pullaro. Durante su visita, el gobernador anunció un concurso para cubrir 52 vacantes de fiscales en el MPA, una medida que busca fortalecer las investigaciones y mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, el Ejecutivo provincial enfrenta una disputa en torno a la designación de jueces para la nueva Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, lo que ha generado tensiones políticas tanto con la oposición como dentro del oficialismo. Este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de renovación judicial en la provincia, donde el intento de renovación de la Corte provincial se ha visto dificultado por diferencias presupuestarias.
En este contexto de refundación, Santa Fe atraviesa un proceso de cambios significativos en su estructura judicial y de seguridad, con desafíos que aún deben resolverse para consolidar un sistema más eficaz y justo. La implementación del sistema acusatorio federal es un paso importante en esta dirección, pero su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para superar las diferencias y trabajar de manera coordinada en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en la provincia.
