Violencia institucional: el año pasado hubo casi 2.000 hechos en cárceles y comisarías

Con cárceles saturadas y un aumento rotundo de las detenciones, en 2022 se registraron casi dos mil casos de violencia institucional en cárceles y comisarías de la provincia. Las situaciones de tortura y tratos crueles fueron relevadas por la Defensa Penal en entrevistas a personas presas, aunque el número deja afuera una cantidad aún más alta de agresiones que las víctimas naturalizan o no denuncian por temor a represalias. El dato figura en el informe anual del área que se presentó la semana pasada en la Legislatura. Allí se compilan las agresiones ocurridas en distintos momentos de la detención así como los 26 fallecidos en encierro, 18 de ellos por causas violentas.

Aún con la alta “cifra negra” que caracteriza a estos delitos cometidos por fuerzas de seguridad, el número de afectaciones a los derechos humanos superó al del año anterior. Fueron casi casos 800 más que los registrados en 2021, cuando el informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) cerró con 1.185 registros de torturas y malas prácticas cometidas tanto en el ámbito carcelario como por agentes policiales.

En el momento de la detención, en el ingreso a la celda policial, durante los traslados o en la gestión del encierro en las cárceles, durante 2022 se detectaron 1.964 violaciones a los derechos humanos en la provincia. Fueron denunciadas por 689 víctimas que, en promedio, sufrieron tres tipos diferentes de agresiones cada una. Del total de agresiones, 549 se cometieron en prisiones y el resto en sedes policiales. Así lo consigna el informe anual del Registro Provincial de Violencia Institucional, creado por la Defensoría en 2012 para hacer visibles las prácticas violentas de las agencias penales.

Los resultados fueron presentados la semana pasada en la Cámara de Diputados por la saliente defensora general Jaquelina Balangione, quien describió la situación crítica de cárceles donde “ya no hay dónde poner a los presos”. El informe compila datos obtenidos por los defensores penales en sus entrevistas con detenidos y de las visitas sorpresivas a los centros de detención.

Primer contacto

Un dato llamativo es que hechos más violentos suelen ser cometidos por la agencia policial en el primer contacto con la víctima o durante las primeras horas del alojamiento. Mientras que en el ámbito penitenciario el maltrato deriva del encierro crónico, azuzado por el hacinamiento y las malas condiciones de alojamiento. Rosario es la jurisdicción con más casos de torturas carcelarias, la mayoría registradas en Piñero. Sin embargo, si se relacionan los hechos con la cantidad de población es en la cárcel de mujeres donde aparece la tasa de violencia más alta. El distrito con más agresiones en sede policial, en cambio, es Rafaela.

Según el informe, las prácticas violentas se reiteran en momentos estandarizados de la detención como el arresto, el ingreso o el traslado al sector médico. Datos que, al revelar una regularidad, permitirían diseñar políticas públicas para prevenir abusos.

El espectro de caso que no se detecta es mucho más amplio: “La naturalización y el acostumbramiento resultan hoy el principal desafío para el registro”, advierte el informe, y consigna que las víctimas suelen relativizar los episodios para poder soportarlos: “Las personas detenidas generan estrategias de adaptación para poder tramitar estas violencias, limitándolas, evitándolas o administrándolas mientras dura su estadía en los centros de encierro”.

Lo habitual es que las personas afectadas no denuncien o sólo reporten una parte, por temor a las consecuencias. Así, de los presos que en 2022 refirieron prácticas abusivas en las cárceles sólo el 21% denunció un hecho de tortura. Quienes no lo hacen alegan que “la palabra del preso no vale” y que el sistema judicial no persigue estos delitos.

Una conclusión general es que la violencia estatal en los lugares de encierro se reproduce de manera sistemática. Eso se agrava en el contexto actual de sobrepoblación, con 2.258 alojadas por fuera del cupo y una tasa de encarcelamiento en ascenso constante desde hace seis años, que incluso triplica la de 2012.

Tanto en cárceles como en comisarías, según el reporte, en nombre de la seguridad y el orden “se justifican medios de coerción innecesarios sobre el movimiento de las personas reclusas, sus posesiones o actividades, requisas personales de rutina o el uso prolongado del confinamiento en solitario”.

Las más violentas

Del total de víctimas que se animaron a reportar incidentes, 277 están alojadas en cárceles. Ocho de cada diez son varones. Rosario es el distrito con las unidades penitenciarias más violentas con 156 afectados, seguido por Santa Fe y Venado Tuerto. Las condiciones insalubres de detención, la falta de asistencia a la salud, las demoras en la tramitación de beneficios y el robo de pertenencias por parte de agentes penitenciarios figuran al tope de los reclamos.

Les siguen los episodios de maltrato físico, con preeminencia de los golpes y golpizas, aunque también aparecen el uso de gas pimienta o balas de goma y dos hechos de abuso sexual. Un dato interesante es que en 24 de las víctimas las lesiones fueron constatadas por un médico forense, policial o en un hospital. Esto indica que muchas agresiones son detectadas pero no por ello investigadas.

“El 30 de octubre me acerqué a la reja y reclamé por medicamentos. En ese momento, frente al reclamo, una persona del grupo Goro (en alusión a la llamada la Guardia Operativa de la Restitución del Orden) me tomó del cuello y me llevó hasta la pecera al lado del sector de vigilancia. Junto a otra persona del mismo grupo me dieron una gran cantidad de patadas y trompadas, me arrastraron por el piso, me dejaron el rostro y la espalda lastimados. Me vio una médica mujer y me puso un inyectable”, contó una víctima.

Nuevas prácticas

La recopilación también detectó nuevas prácticas de violencia institucional dentro de las cárceles. Es el caso del “engrillamiento”, que consiste en esposar a los detenidos a las rejas de los pasillos a lo largo de todo un día sin agua y sin comida.

En los relatos también aparece una tercerización del orden en los delegados de los pabellones. Un interno contó que le exigían dinero a cambio de una cama y como él se negó a pagar lo amenazaron con una faca. Dio aviso al celador pero no le quisieron tomar la denuncia.”Luego del «engome» de la tarde los delegados lo encerraron en una celda y mientras otros dos hacían de guardia lo abusaron sexualmente”, relata el informe.

En tercer lugar hay situaciones de violencia psicológica (humillación, amenazas, coerción verbal e impedimento de contacto familiar. Lo usual es que cada episodio combine distintos tipos de violencia. Como el caso de un preso que el 7 de noviembre pidió agua para limpiar la celda antes de la visita, los guardias se negaron y discutieron. “Comenzó a comer el almuerzo apoyado en el pasaplatos y uno de los guardias le sacó el cuchillo y se lo clavó en la mano derecha. Le hizo un corte mientras otro guardia le decía «que se mate». Cuando lo llevaron a enfermería a hacer las curaciones le sacaron un reloj, perfumes y el colchón. Al volver lo dejaron en ropa interior”.

Como autores de esos abusos los más mencionados son los guardias y grupos especiales, seguidos de los celadores y personal de salud. El 60% de las víctimas aseguró que los maltratos se registran “todo el día”. Con más frecuencia mientras están en el pabellón o aislados en buzones. En menor medida, durante motines, traslados y requisas.

Comisarías

“Cerca de las 19 iba caminando con mi hermana tomando una cerveza. Escuché que de atrás la policía me pide el documento y me dice que no puedo tomar en la vía pública. Me sacaron la botella y me volvieron a pedir el documento. Saco la billetera y me la quieren agarrar. Les dije que no porque tenía plata, así que me agarraron el brazo, me lo torcieron de tal manera que todavía me duele, y me llevaron a la comisaría”. El relato es de un hombre al que esposaron en un calabozo en averiguación de antecedentes y además le pisaron un pie y una mano.

La policía provincial es sindicada como el agente provocador de las agresiones en el 97% de los casos fuera de las prisiones. En las comisarías ocurren no sólo la mayoría de casos sino también los más violentos. Las agresiones se dan con más frecuencia durante el alojamiento en la seccional o en la detención, aunque también durante el traslado. La mayoría de los afectados (44%) fueron detenidos en flagrancia. Otros cayeron con una orden de detención (22%), en un control vehicular (16%) o en allanamientos (13%).

Los golpes de puño y las patadas son las agresiones físicas más mencionadas en este primer contacto. También es frecuente que arrojen a las víctimas al piso, los pisotones, empujones, arrastres por el suelo, cachetazos y el uso de gas lacrimógeno y balas de goma. En cuatro casos se mencionó el uso de picana.

“Cuando me detienen me llevan a un descampado y me pegan en todo el cuerpo: cara, espalda, nariz, boca. Me hicieron golpear la boca con la puerta del patrullero. Después me aplicaron una linterna picana en la espalda y en el cuello. Hubo piñas y rodillazos, me tiraban al piso y me levantaban. De tantos golpes me hicieron cagar y mear. Todo eso me hacían porque me culpaban de unas cosas que robaron pero yo no era. Los policías eran cuatro”.

Las personas afectadas también relataron requisas vejatorias, maltrato verbal, imposición de posturas humillantes, amenazas de muerte o de un nuevo arresto, y el hurto de pertenencias. Se suman las malas condiciones de detención, entre las que sobresalen el hacinamiento, la falta de cama, colchón o agua, baños deficientes y malos olores: “Estoy con otros cinco, apretados, sentados en el piso meado. Meamos en un balde. No nos dieron ni agua”.

Jóvenes y pobres

Las víctimas de violencia policial son en su mayoría varones jóvenes que no alcanzaron a completar la escuela secundaria y viven en hogares precarizados. En el informe, como en los últimos siete años, aparecen relatos de chicos morochos, con gorrita, tatuajes, piercings y bajo nivel de educación formal. El gráfico de las comisarías rosarinas involucradas en las torturas es elocuente: predominan las de la periferia, con escasas víctimas en el centro.

El efecto es igual de explícito si se ubican en el mapa los domicilios de quienes sufren violencia en las prisiones: “Las víctimas residen en su mayoría en los radios censales con mayor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas”, dice el informe, lo que da cuenta de cómo el rigor punitivo castiga siempre a los sectores más pobres.

Muertes en contexto de encierro

En 2022 se registraron 26 muertes en contextos de encierro o privación de la libertad, de las cuales 18 fueron por causas violentas como homicidio, suicidio o accidente. Entre ellas se ubican cuatro casos de varones que sufrieron “ejecuciones sumarias o exceso manifiesto en el ejercicio de la fuerza” policial. El resto de los decesos se atribuye a enfermedades y al cuadro general de falta de higiene o agua potable y la dilación de los controles médicos.

En unidades carcelarias hubo un total de 16 muertes mientras que 10 fueron en comisarías o en circunstancias de intervención excesiva de la policía. El informe plantea que en las seccionales, donde la misma agencia policial tiene absoluto dominio de la escena, se registran muertes “en circunstancias confusas y envueltas de hermetismo”.

Entre los fallecidos, dos eran mujeres. La persona más joven tenía 19 años y la mayor 63, aunque el 75% eran menores de 35 años. La mitad murió antes de cumplirse el año de su detención.