Alerta por posible fallo que limitaría la capacidad recaudatoria municipal

La Festram advirtió que un fallo contrario a los intereses locales “generaría una crisis financiera y social sin precedentes”

La posibilidad de que los municipios y comunas del país se vean impelidos (o limitados) en su capacidad de poder cobrar tasas a las empresas que operan en sus jurisdicciones despertó la alarma no sólo entre las autoridades locales, sino en los gremios, por el impacto que esta medida tendría sobre el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores.

El tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá fallar sobre la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales. La Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (Festram), advirtió que un fallo contrario a los intereses locales generaría “una crisis financiera, económica y social sin precedentes en todos los gobiernos municipales y comunales.

El conflicto se nacionalizó luego de que la empresa petrolera Esso Argentina (hoy Axion) promoviera una demanda contra la Municipalidad de Quilmes por el cobro de la tasa por “Seguridad e Higiene”, reclamo que llegó a la Suprema Corte nacional luego de ser desestimado por la máxima instancia de la Justicia provincial.

Ante esta situación, la Corte Suprema llamó el jueves pasado a una audiencia para determinar si los municipios pueden cobrar tasas. Los representantes del alto tribunal nacional escucharon los argumentos de las partes, intendentes bonaerenses, organizaciones empresarias, asociaciones civiles y “amigos del tribunal”, a favor y en contra de la autonomía de los municipios para establecer tasas comunales.

La audiencia “informativa”, con el máximo tribunal integrado por la vicepresidente Elena Highton, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, se realizó en el cuarto piso de Talcahuano 550 de la Capital Federal.

Por la petrolera actuó la abogada María Inés Giménez y por la parte demandada lo hizo el intendente Martiniano Molina, con la colaboración de la subsecretaria de Coordinación Jurídica Silvina Lima. Entre quienes no son “parte” actuante, hubo representantes de 40 municipios, la Unión Industrial Argentina (UIA) y su sección bonaerense, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), el Ministerio de Gobierno local y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), entre otros, quienes tuvieron cinco minutos para hacer uso de la palabra.

Debate

La tasa tiene que ser un tributo “vinculado” al servicio, pero “no hay una estricta proporción”, afirmó la letrada de Esso quien, aunque negó que fuera confiscatorio, remarcó que se trata de un problema “que debe ser resuelto en el Congreso” y “no vulnerando el principio de territorialidad”. La letrada recordó que la tasa se fija por la “capacidad contributiva” y que, en el caso de la que aplica la comuna, significa el uno por ciento sobre el total provincial, siendo 24 los municipios bonaerenses en los que la compañía tiene sedes que requieren del servicio de seguridad e higiene, por lo que “habría una extensión de la territorialidad” en el cobro.

El intendente Molina (Quilmes) justificó la aplicación de la tasa por el “poder de policía” del municipio “que ampara el orden público y el bienestar del ciudadano”, ya que “necesitamos personal para poder actuar”. También ante preguntas de los jueces de la Corte, Molina dijo que la presión tributaria en la Argentina “es altísima”, pero negó que la imposición de las mismas esté relacionada con cuestiones electorales.

Se especula con que la Corte Suprema de Justicia fallará antes de las elecciones de agosto sobre el conflicto entre la comuna de Quilmes y la petrolera Axion sobre el modo de calcular las tasas municipales de seguridad e higiene, algo que tiene en vilo a los municipios y a no pocas provincias de la Argentina.

El “grito en el cielo” de Festram

Ante este escenario, la Festram volvió a encender la alarma por el impacto que esta medida tendrá sobre el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores; pero también —y más grave aún— en la capacidad para prestar servicios básicos a cada uno de los pueblos y ciudades.

La decisión que tomará en los próximos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación “eliminará como mínimo el 35 por ciento de los recursos propios de los municipios al disponer la inconstitucionalidad del cobro del Derecho de Registro e Inspección a las empresas. Este es uno de los temas que se viene postergando por decisión política, en referencia a la aplicación del Pacto Fiscal denunciado oportunamente por Festram”, consignó el gremio en un comunicado.

“Esta exigencia que impuso el FMI en términos genéricos hoy se puede materializar si la Corte suspende la aplicación de ese tributo en un fallo que favorece a una petrolera multinacional en desmedro de más de 2.200 municipios argentinos”, abundó.

El titular del gremio que agrupa a los sindicatos municipales santafesinos, Claudio Leoni, reclamó a los intendentes una “urgente reunión con los ministros santafesinos de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, con gran vinculación política e institucional con el municipalismo de Santa Fe. Si a la caída de más del 32 por ciento de la ejecución de los fondos nacionales y su impacto en la distribución de fondos a municipios y comunas les agregamos un fallo desfavorable sobre los recursos propios de los municipios, la catástrofe está a la vuelta de la esquina”, dijo el sindicalista.

Leoni se mostró esperanzado porque “la inmediatez electoral no nos inmovilice para evitar esta hecatombe”. Por último, Claudio Leoni anunció que se enviarán notas a los intendentes para dejar clara la responsabilidad sobre esta situación.

Distinta posición asumió la Unión Industrial Argentina, para la cual “el municipio (de Quilmes) procura gravar una actividad económica que excede su territorialidad, incluyendo ingresos ajenos a él, incurriendo así en un acto carente de legalidad y razonabilidad”.

Para la UIA, el caso reviste importancia ya que, de sostenerse el fallo de la corte provincial —en favor del municipio—, se incrementará la carga tributaria del sector productivo en una coyuntura de fuerte caída de la actividad y un sistema tributario que desincentiva el agregado de valor. “De resolverse lo contrario, se alteraría la institucionalidad, afectando la seguridad jurídica, al crecimiento económico y la creación de fuentes de trabajo”, enfatizó la entidad. En ese sentido, se alertó sobre el “potencial riesgo de que la jurisprudencia replique el contexto desfavorable en otras provincias”. El mismo riesgo que advierten los gremios y las administraciones en caso de un fallo contrario.

Abogada rosarina en la audiencia

En representación de la Unión Industrial Argentina, (que participó en calidad de “amigos” de la Corte), la abogada rosarina Gabriela Inés Tozzini esgrimió un original planteo. Sostuvo que “si en la tasa se incorporan ingresos ajenos al municipio, se estaría en presencia de una irracionalidad manifiesta, porque nunca se refieren a servicios que se hayan prestado”. Opinó que la Municipalidad de Quilmes “confunde autonomía municipal con límites a la potestad tributaria municipal”, y recordó que “en el federalismo, todos los Estados tienen límites tributarios. ¿O acaso las provincias podrían establecer derechos de importación y exportación? Y no creo que alguien dude de la autonomía de las provincias”, resaltó.

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