Vicentin paraliza sus plantas de Avellaneda y Ricardone en medio del escándalo judicial y la caída de contratos
La compañía agroindustrial Vicentin anuncia este viernes el cierre de sus plantas ubicadas en Avellaneda y Ricardone, en la provincia de Santa Fe, debido a la falta de contratos de fazón. La decisión, comunicada oficialmente por su directorio, se conoce en un contexto de fuerte incertidumbre provocado por el avance de la causa judicial que involucra a cuatro de sus exdirectivos, acusados de integrar una asociación ilícita. Los acusados, actualmente con prisión preventiva, enfrentan cargos por estafa y defraudación.
En el comunicado, Vicentin justifica el cierre como una medida orientada a «la protección de los activos» con la intención de «permitir un rápido arranque cuando esto sea factible». La empresa argumenta que la falta de contratos de procesamiento (fazón), que permitían utilizar sus plantas para producir por cuenta de terceros, dejó a la compañía sin margen operativo para cumplir con sus compromisos asumidos.
Un paso más en el ocaso de un gigante agroexportador
El cierre de las plantas operativas marca un nuevo y crítico capítulo en la crisis que atraviesa Vicentin desde fines de 2019, cuando la firma se declaró en cesación de pagos con una deuda superior a los 1.400 millones de dólares. En su época de esplendor, Vicentin fue una de las principales agroexportadoras del país, con fuerte presencia en el comercio de granos, aceites y subproductos, además de vínculos estratégicos con empresas internacionales y financieras locales.
La decisión de frenar por completo las operaciones fue tomada «ayer», según señala el texto oficial, y se encuadra en una estrategia de contención para evitar un deterioro aún mayor de su patrimonio empresarial. «En este momento se impone la protección de los activos», insiste la firma, que asegura mantenerse en contacto con todas las partes interesadas para encontrar una solución que le permita reactivar su actividad.
La causa penal: prisión preventiva para los exdirectivos
El panorama judicial es cada vez más oscuro. La medida de cierre se toma apenas días después de que el tribunal compuesto por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy dictara prisión preventiva por 120 días para los exdirectivos Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua. Los cuatro están acusados de integrar una asociación ilícita que, según los fiscales de Delitos Complejos de Rosario, habría continuado operando incluso después del default.
La investigación, que derivó en 20 allanamientos simultáneos, busca determinar si los imputados desviaron fondos del grupo económico para su beneficio personal y para obstaculizar la investigación judicial. Los jueces argumentaron que existen pruebas suficientes para considerar razonables las sospechas sobre la continuidad delictiva de la organización y señalaron un «riesgo procesal» que justificaría la prisión preventiva.
Un futuro incierto para la firma y la comunidad
La empresa, por su parte, insiste en que todavía existe una salida posible. En su mensaje final, el directorio de Vicentin lamenta haber llegado a esta “situación extrema” cuando, según afirman, “la salida clara, concreta y tangible” fue identificada hace más de tres años con el respaldo de “mayorías contundentes de acreedores”. Esa propuesta, aseguran, aún se mantiene vigente, pero no logró destrabar el conflicto.
El cierre de las plantas no solo afecta a la empresa sino también a cientos de trabajadores y a toda la comunidad del norte santafesino, profundamente ligada al destino de Vicentin desde hace décadas. El impacto económico y social de esta medida, sumado a la incertidumbre judicial, dibuja un panorama sombrío para lo que alguna vez fue una de las joyas del entramado agroindustrial argentino.
