Vicentin: Fiscalía pide prisión preventiva y millonarias fianzas para ex directivos en causa por asociación ilícita
La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario solicitó la prisión preventiva por 120 días, con prórroga automática, para los ex directivos de Vicentin, Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, acusados de liderar una asociación ilícita junto a otros 15 implicados. Además, pidieron la prohibición de ejercer cargos en la empresa y una serie de restricciones para los demás involucrados en la causa.
Para 12 de los acusados, la Fiscalía solicitó la prohibición de intervenir en asuntos relacionados con Vicentin y sus empresas vinculadas, mientras que a los tres restantes, quienes forman parte de la actual conducción de la cerealera, se les impediría el contacto con el resto. También se impusieron fianzas de entre 10 y 15 millones de dólares.
Un proceso que avanza con nuevas pruebas y acusaciones
La audiencia imputativa, que comenzó con la detención de los ex directivos de Vicentin, continuó este viernes con la presentación de medidas cautelares por parte de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno. Durante la jornada, expusieron las pruebas que sostienen la acusación de que los imputados continuaron manejando la compañía tras su default en 2019, afectando su patrimonio mediante diversas maniobras fraudulentas.
Los fiscales sostienen que la asociación ilícita no solo se dedicó a desviar recursos de Vicentin y sus subsidiarias, sino que también intentó obstaculizar la investigación penal por estafa en los tribunales provinciales de Rosario.
El sábado por la mañana será el turno de la defensa, y se espera que el tribunal resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas.
Detalles de las medidas solicitadas por la Fiscalía
Para los cuatro ex directivos detenidos, la Fiscalía pidió prisión preventiva por 120 días prorrogables. En el caso de otros acusados, como Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Diego Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia, se solicitaron fianzas de 10 millones de dólares, mientras que para Máximo Padoan y Javier Gazze la cifra asciende a 15 millones de dólares.
Además, se impuso una restricción de acercamiento sobre todas las sociedades vinculadas a Vicentin, como Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario (TPR), Sottano, Sir Cotton y Friar, entre muchas otras. Esta prohibición incluye la imposibilidad de ocupar cargos, participar en decisiones empresariales o intervenir de cualquier manera en la administración.
Un tercer grupo, integrado por Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, actuales directivos de Vicentin, no podrá tener contacto con los demás imputados ni permitir que estos violen las restricciones impuestas.
Fraude, maniobras financieras y obstrucción a la Justicia
Los fiscales argumentaron que, incluso después del default en 2019, la organización continuó operando para desviar dinero y mercadería, consolidando el fraude y garantizando la impunidad de sus miembros. Según sus estimaciones, entre 2019 y 2024 se erosionaron 890 millones de dólares del patrimonio de la empresa, equivalentes a 20.400 salarios mínimos.
Entre las pruebas presentadas, se incluyen cadenas de correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación que demostrarían cómo los ex directivos continuaron tomando decisiones financieras que perjudicaron a Vicentin y sus vinculadas. También se destacaron irregularidades como la venta ficticia de una aeronave, pagos de consultorías cuestionables y el uso de fondos de la empresa para pagar abogados defensores en el juicio penal.
La fiscalía sostiene que hubo un doble objetivo:
- Seguir desviando dinero de la empresa.
- Obstaculizar la investigación judicial.
En este último punto, se denunció la falta de colaboración en la entrega de información, maniobras de ocultamiento y hasta campañas mediáticas para desacreditar la investigación. La demora en la entrega de Macua y Scarel, quienes se presentaron sin sus celulares tras recibir las órdenes de detención, fue tomada como una muestra de resistencia al proceso judicial.
El papel de la querella y el próximo paso del proceso
Los abogados querellantes respaldaron la solicitud de la Fiscalía. Gustavo Feldman, uno de los representantes, expresó:
«Si en 2021 había dudas, hoy no las hay. Está claro que los jefes de la asociación ilícita están dispuestos a hacer lo que sea para seguir extrayendo recursos de Vicentin y garantizar su impunidad.»
Este sábado, la audiencia continuará con la presentación de la defensa de los acusados, y se espera que el tribunal tome una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas.
