San Luis implementa el “narcotest” obligatorio para funcionarios y empleados estatales
La provincia de San Luis marca un precedente al convertirse en la primera del país en aplicar pruebas toxicológicas obligatorias, conocidas como “narcotest”, a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado. Este innovador programa incluye al propio gobernador Claudio Poggi, aliado del PRO, quien ya participó en uno de los controles.
Transparencia y ejemplaridad como ejes de la iniciativa
Nancy Sosa, ministra de Seguridad de San Luis, explicó que el narcotest forma parte de un conjunto de medidas contempladas en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia. Esta normativa tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el narcotráfico desde el ámbito estatal y cortar cualquier vínculo delictivo relacionado con el consumo de sustancias ilegales.
«Como funcionarios públicos debemos dar el ejemplo. Esto reafirma nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y fortalece la confianza de los ciudadanos en la gestión», señaló la ministra.
El procedimiento consiste en una prueba de orina asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona evaluada. Los exámenes se realizarán de forma anual y aleatoria, garantizando imparcialidad al llevarse a cabo en instituciones públicas independientes del Estado.
Sanciones y asistencia según los resultados
En caso de detectar consumo de sustancias ilegales, las autoridades provinciales podrán implementar medidas que van desde la suspensión temporal de funciones hasta el cese definitivo del cargo, siempre respetando la legislación vigente y la Constitución provincial. Además, se ofrecerá contención y asistencia a quienes resulten positivos, promoviendo un enfoque integral ante este tipo de situaciones.
Claudio Poggi participó recientemente en uno de los controles realizados en la Universidad de San Luis, acompañado por el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, y el decano de la Facultad de Química, Sebastián Andujar. El gobernador destacó la importancia de la iniciativa y aseguró que los resultados estarán disponibles en los próximos días.
Antecedentes en Rosario y Santa Fe
Esta política pionera de San Luis recuerda iniciativas similares que surgieron en otras partes del país, aunque con resultados mixtos.
En Rosario, el concejal Carlos “Charly” Cardozo, del PRO, presentó un proyecto para implementar el narcotest en funcionarios y legisladores locales. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia en el Concejo Municipal y fue enviada a comisión sin obtener los votos necesarios para ser tratada sobre tablas.
«Es inadmisible que algunos sectores se opongan a debatir este tema de frente a la ciudadanía. Vamos a seguir insistiendo para que la propuesta no quede en el olvido,» expresó Cardozo, quien en ese entonces aspiraba a la intendencia.
Por su parte, en 2017, Maximiliano Pullaro, entonces ministro de Seguridad de Santa Fe y actual gobernador, se sometió a un narcotest como parte de un programa piloto que buscaba extender estas pruebas a funcionarios policiales y del ministerio. La iniciativa generó un fuerte impacto mediático pero no logró consolidarse como política de Estado.
El impacto en la lucha contra el narcotráfico
La implementación del narcotest en San Luis refuerza la percepción de que el combate al narcotráfico debe abarcar no solo la oferta, sino también la demanda. Al exigir transparencia y ejemplaridad, el gobierno de Poggi busca establecer un estándar que podría ser replicado en otras provincias.
La medida, aunque pionera, plantea desafíos relacionados con la privacidad de los funcionarios, la transparencia en la ejecución y el alcance de las sanciones. Sin embargo, marca un paso adelante en la búsqueda de un Estado más comprometido con la ética pública y la lucha contra el narcotráfico.
