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Escándalo en la Justicia Federal: Allanan Despacho del Juez Bailaque en Investigación por Evasión y Narcotráfico

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Este jueves, el edificio de Justicia Federal ubicado en Oroño 940 fue epicentro de un allanamiento de gran magnitud, enmarcado en una investigación conducida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los operativos, llevados a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional, tienen como objetivo desentrañar presuntos delitos de evasión fiscal, contrabando y extorsión a empresarios en un caso que también involucra al juez federal Marcelo Bailaque.

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El despacho de Bailaque, uno de los puntos clave de los procedimientos, fue revisado como parte de una acusación que lo señala por favorecer a importantes jefes narcos, entre ellos Esteban Lindor Alvarado, actualmente cumpliendo una condena a perpetua por su implicación en el narcotráfico. En paralelo, la investigación abarca oficinas aduaneras y un estudio jurídico en el marco de una causa que también apunta a otros funcionarios por delitos económicos de alto perfil.

Vínculos Sorpresivos y Acusaciones de Corrupción en la Justicia

Lionella Cattalini, diputada por Santa Fe, ha sido una de las figuras principales en las denuncias contra Bailaque, acusándolo de facilitar actividades de narcotraficantes. Según las investigaciones, el juez federal comparte el mismo contador que llevaba las cuentas de las empresas de Alvarado. Además, Bailaque habría contratado para su tribunal a un hijo de este profesional, un hecho que ha despertado sospechas y que fortalece las denuncias de presuntos favores judiciales.

En los procedimientos de este jueves, se secuestró documentación clave y el teléfono celular de uno de los secretarios de Bailaque, un paso que, según fuentes de la investigación, podría arrojar más detalles sobre la presunta red de corrupción. La causa apunta no solo a Bailaque, sino también a altos funcionarios vinculados a la administración y control tributario.

Aduanas y la Hidrovía en la Mira: El Procedimiento se Expande a Oficinas de Control

Además del despacho de Bailaque, el operativo incluyó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se inspeccionaron oficinas del área de control de la Hidrovía y de la ex Afip. Este enfoque en el sistema aduanero revela que las irregularidades en cuestión podrían extenderse a los organismos de control y recaudación fiscal, lo que añadiría un nivel de complejidad mayor a la investigación.

La participación de la ARCA y de sectores de la ex Afip en el operativo subraya la hipótesis de que el presunto esquema de corrupción habría facilitado actividades de contrabando, generando así un serio riesgo de evasión de grandes sumas de dinero que comprometen tanto a empresarios como a funcionarios.

Paralelismos con el Caso Bento: Corrupción en la Justicia Federal en el Ojo de la Tormenta

La investigación sobre el juez Bailaque guarda paralelismos con el caso de Walter Bento, ex juez federal de Mendoza, destituido el año pasado tras ser acusado de aceptar sobornos y de mal desempeño en sus funciones. Bento enfrenta actualmente un juicio oral por coimas y tráfico de influencias, lo cual ha puesto en tela de juicio la transparencia en sectores de la Justicia Federal. Este caso, por su notoriedad y la gravedad de los cargos, genera fuertes cuestionamientos sobre la conducta y ética de altos funcionarios del sistema judicial.

Las similitudes entre ambos casos han despertado alarmas sobre un patrón de corrupción y manipulación de sentencias que podría estar enraizado en varias jurisdicciones del país, con jueces y funcionarios supuestamente involucrados en redes de tráfico de influencias y corrupción.

Impacto en la Justicia y el Futuro del Caso Bailaque

Este allanamiento marca un momento crucial para la Justicia Federal y coloca bajo la lupa los métodos y decisiones de figuras de alto rango en el sistema judicial. La acusación contra Bailaque, de confirmarse, representaría un nuevo golpe a la credibilidad de las instituciones encargadas de aplicar la ley, particularmente en casos tan sensibles como el narcotráfico y la evasión impositiva.

El Consejo de la Magistratura continúa observando de cerca el desarrollo de esta causa, que podría derivar en un juicio similar al que enfrenta Bento. De comprobarse los vínculos con redes delictivas y las presuntas irregularidades en su despacho, Bailaque podría enfrentar severas sanciones, incluso la destitución, tal como ocurrió con su homólogo de Mendoza.

Mientras tanto, la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil exigen respuestas y acciones contundentes para evitar que este tipo de situaciones se normalicen en la Justicia. El futuro de este caso será fundamental para restaurar la confianza en el sistema judicial, que debe demostrar su compromiso con la imparcialidad y la transparencia.

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