Conflicto en Aguas Santafesinas: Incidentes, Acusaciones y Denuncias ante el Ministerio Público

El tenso conflicto gremial entre Aguas Santafesinas (Assa) y el Sindicato de Empleados de Obras Sanitarias de Rosario (SITOS) escala con denuncias de incidentes y actos violentos en el marco del paro iniciado esta semana. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, repudió los hechos y acusó a sectores sindicales de cometer “graves delitos”, que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Incidentes en la Sede de Assa y Denuncias de Delitos

Durante el primer día de paro, se registraron disturbios en la sede de Aguas Santafesinas en la calle Paraguay al 1400, en Rosario. Enrico detalló que miembros del sindicato, según denuncias de la empresa, habrían sustraído llaves de vehículos oficiales, destruido cámaras de seguridad y agredido en grupo a empleados que decidieron no adherirse a la medida. Entre las acusaciones, el ministro también mencionó el caso de un vehículo oficial de Assa detectado en el Casino de Victoria, fuera de horario laboral, lo cual ha sido presentado como evidencia de la falta de control dentro de la compañía.

Críticas a la Administración Anterior y Plan de Mejora

En declaraciones a LT8, Enrico se mostró crítico con la situación de Assa antes de su gestión, calificándola como “un monumento al desprecio de los políticos por las empresas públicas”. Afirmó que la empresa carecía de un plan de obras efectivo, presentaba récord de reclamos por cortes de servicio y estaba repleta de «corralitos» por obras inconclusas en la ciudad. «Era un gastadero de plata», aseveró, criticando que la compañía contaba con 1.500 empleados y múltiples ineficiencias. “El 80 por ciento del funcionamiento de la empresa lo cubrían los impuestos de la gente, y la recaudación por facturas era insuficiente”, agregó el funcionario.

Según Enrico, Assa vendía los mil litros de agua a las 50 localidades abastecidas por la empresa a un costo de $4,75 en diciembre. Esta realidad, comentó, obligó a la administración actual a implementar un programa de mejoras que incluye un plan de obras con una inversión de 84 mil millones de pesos, con el objetivo de modernizar la empresa y hacerla más eficiente.

Despidos y Medidas de Control para Ordenar la Empresa

Ante la consulta sobre los despidos dentro de Assa, Enrico admitió que hubo desvinculaciones, pero enfatizó que “todos fueron justificados”. Resaltó el caso de un automóvil oficial detectado en el Casino de Victoria durante horario laboral, como un ejemplo de las irregularidades que se buscan erradicar. “Encontramos varios coches en situaciones similares, utilizados fuera de su función o en actividades políticas”, puntualizó el ministro, justificando la implementación de medidas de control que, según él, son necesarias para optimizar la operatividad de la empresa.

La Protesta Sindical: Entre Derechos y Delitos

Enrico destacó que, si bien la protesta sindical es legítima cuando defiende los derechos de los trabajadores, los hechos ocurridos en la sede de Assa el primer día de paro exceden los límites de una manifestación pacífica. “No respetamos lo rayano con el delito”, declaró, enumerando acciones como el bloqueo de vehículos en la estación de rebombeo de Italia y Ocampo, el daño a cámaras de seguridad y el robo de llaves, hechos que calificó como actos delictivos. «Esos son delincuentes», afirmó con dureza, refiriéndose a los responsables de estos episodios.

La denuncia por estos hechos ya fue formalizada ante el MPA por la presidenta del Directorio de Assa, quien busca que se tomen las medidas judiciales necesarias para frenar las acciones violentas y asegurar que la empresa siga operando de manera efectiva.

Reconocimiento a los Trabajadores No Adheridos

A pesar del conflicto, Enrico resaltó que algunos empleados, incluyendo operarios e ingenieros, decidieron no sumarse al paro y continuaron con sus funciones para que la empresa no se vea completamente paralizada. Según el ministro, estos trabajadores representan a quienes no apoyan las acciones del sindicato y consideran que las medidas actuales perjudican más que benefician a la organización y sus empleados.

El conflicto en Assa plantea un reto para la administración provincial, que busca avanzar con un programa de reestructuración y eficiencia, enfrentando la resistencia del sindicato y las tensiones en el ámbito laboral. Las denuncias en el MPA marcan un paso firme en la intención del gobierno de Santa Fe de frenar los actos de violencia en la protesta, mientras la empresa pública de agua intenta encontrar un balance entre la defensa de derechos laborales y la implementación de medidas de control que aseguren su sostenibilidad.