Los Oscuros Vínculos de Andrés «Pillín» Bracamonte: Una Vida Marcada por la Violencia, el Lavado de Activos y la Extorsión Empresarial
La reciente muerte del líder de la barrabrava de Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, saca a la luz un historial denso de conflictos judiciales, extorsión y asociación ilícita que marcaron los últimos años de su vida. Asesinado el sábado a la salida del Gigante de Arroyito en una emboscada a balazos, el barra había comenzado apenas un día antes un nuevo juicio por violencia de género. Este episodio no era el único capítulo oscuro en la vida de Bracamonte, quien ya acumulaba imputaciones por lavado de activos y una red de negocios ilícitos en asociación con miembros del gremio de la construcción (Uocra) del Gran Rosario.
Violencia de Género: El Comienzo de un Juicio Trágico
El viernes, apenas un día antes de su asesinato, Bracamonte comenzó a ser juzgado por una denuncia de violencia de género interpuesta por su ex pareja en marzo de 2018. En aquella ocasión, la mujer relató que el barra la persiguió con un bate de béisbol dentro de su domicilio, ubicado en la calle Álvarez Thomas. La fiscal Luciana Vallarella solicitó una condena de dos años de prisión para el líder de la barra canalla, ante lo cual el juez Aldo Bilbao Benítez debía resolver. Sin embargo, la muerte abrupta de Bracamonte interrumpe el desarrollo de este proceso, el cual había estado parado durante más de cinco años.
Un Círculo de Lavado de Activos y Negocios Ilícitos en el Gran Rosario
Bracamonte no era ajeno a las imputaciones de delitos económicos. La Justicia provincial había iniciado una investigación exhaustiva en 2020, cuando el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno imputó al líder barrabrava por maniobras de lavado de activos y otros delitos vinculados a la extorsión y el manejo ilícito de empresas. Este proceso llevó a Bracamonte a pasar cinco meses en prisión ese mismo año, hasta que obtuvo la libertad mediante una fianza de tres millones de pesos.
La acusación de Moreno se basaba en la presunta utilización de varias empresas para blanquear los ingresos obtenidos por Bracamonte en su rol como líder de la barra. Entre estas firmas se encontraba Vanefra, una empresa que inicialmente ofrecía servicios de alquiler de baños químicos y que, con el tiempo, expandió su alcance a la preparación de viandas y otros servicios logísticos. A través de estas operaciones, según la investigación, Bracamonte logró construir una red de ingresos que incluía incluso al propio club Rosario Central como uno de sus clientes.
La Asociación Ilícita con el Gremio de la Construcción
Uno de los capítulos más significativos de la investigación fue la presunta sociedad ilícita entre Bracamonte y Carlos Vergara, exsecretario de la Uocra en el Gran Rosario. Desde 2018, según los fiscales, ambos operaban una red de extorsión en la cual exigían a las empresas de construcción que contrataran servicios específicos de viandas y baños químicos, a cambio de obtener un «libre deuda» que les permitía trabajar en ciertas zonas industriales, como Villa Constitución y San Lorenzo. Este «libre deuda» era una especie de autorización gremial que, bajo presión, las empresas también debían exigir a los contratistas para que pudieran operar en sus instalaciones.
La red de extorsión iba más allá. El llamado «rentamiento» obligaba a las constructoras a contratar a familiares de Bracamonte y Vergara, quienes figuraban en la nómina de empleados pero no realizaban ninguna tarea efectiva. Según Moreno, la operación permitía a estos individuos cobrar sueldos sin desempeñar actividad alguna, incrementando así los ingresos de la organización y permitiendo a sus líderes acumular un significativo patrimonio.
Los Inmuebles y las Simulaciones Contractuales
El caso de Vergara, quien actuaba como socio de Bracamonte en esta asociación ilícita, incluyó también imputaciones por la adquisición de inmuebles mediante simulaciones contractuales. Según la acusación, Vergara habría incorporado propiedades al patrimonio familiar mediante la adhesión a fideicomisos y compraventas con empresas constructoras, sin haber abonado los montos consignados en los contratos. Esta práctica es un claro reflejo de las maniobras de blanqueo y acumulación patrimonial que ambos desarrollaron en los últimos años.
La Controversia sobre el Delito de Lavado de Activos
Desde el inicio de la investigación, el delito de lavado de activos planteó una controversia legal en torno a si la Justicia provincial tenía competencia para juzgar este tipo de casos, que suelen ser tratados a nivel federal. En diciembre de 2023, el juez Facundo Becerra resolvió inicialmente que la Justicia provincial no podía investigar el lavado de activos y dictó la libertad de Bracamonte bajo una fianza de 20 millones de pesos, aunque mantuvo la prisión preventiva para Vergara y otros implicados. Sin embargo, la apelación de la medida llevó el caso a la Cámara, donde el camarista Daniel Acosta resolvió que la Justicia provincial sí tenía competencia, pero, debido a una disposición previa, mantuvo la libertad del líder de la barra.
Un Cierre Violento y una Investigación Abierta
Con la muerte de Bracamonte, ocurrida el sábado tras una emboscada a pocos metros del estadio de Rosario Central, quedan abiertas múltiples líneas de investigación que intentan esclarecer el asesinato y su relación con los antecedentes judiciales del líder barrabrava. Su vida estuvo marcada por una serie de delitos y conflictos judiciales que generaron una tensión constante tanto en el ámbito deportivo como en la comunidad empresarial del Gran Rosario. La investigación continúa mientras la sociedad rosarina asimila los detalles de un crimen que parece tener profundas raíces en la violencia y la corrupción que rodean al fútbol argentino.
