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Entrega de Celulares a Diputados en Bolivia Genera Controversia y Críticas

La Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados de Bolivia ha emitido un comunicado oficial informando la entrega de teléfonos celulares a todos los diputados titulares y suplentes del país. A partir del primero de julio, los legisladores podrán retirar un equipo Samsung A55 5G desde una oficina específica ubicada en el Congreso.

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El modelo Samsung A55 5G es valorado en el mercado local entre 3.000 a 4.600 pesos bolivianos. Con un total de 278 diputados en la Cámara Baja beneficiados, el costo total estimado de esta adquisición alcanza aproximadamente 1.278.800 pesos bolivianos, equivalente a cerca de 186.000 dólares estadounidenses. Esta medida ha generado controversia y críticas por parte de varios sectores de la sociedad y figuras políticas prominentes.

Entre los críticos más destacados se encuentra el ex presidente Evo Morales, quien expresó su descontento a través de su cuenta oficial. Morales calificó la medida como lamentable, señalando que algunos líderes electos no comprenden la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país ni los problemas que enfrenta la población. Enfatizó que en tiempos de austeridad para el pueblo, no debería haber privilegios para la clase política y cuestionó el uso de fondos públicos para adquirir dispositivos que podrían ser costeados con los altos ingresos de los propios legisladores.

El salario promedio de los diputados bolivianos se estima en alrededor de 20.000 pesos bolivianos, lo que ha suscitado aún más controversia sobre la necesidad y la prioridad de esta compra en un contexto económico adverso.

Por otro lado, el diputado de Comunidad Ciudadana, Juan José Ormachea, declaró públicamente que no retirará el teléfono celular asignado, argumentando que no es justificable realizar esta compra en medio de una crisis económica. Afirmó que considera inapropiado que los diputados estén recibiendo nuevos celulares en un año marcado por dificultades económicas significativas.

Ante las críticas, el presidente de la Cámara Baja, Israel Huayatari, defendió la medida y rechazó las acusaciones de despilfarro. Huayatari explicó que los nuevos teléfonos no son un regalo, sino que son asignados temporalmente para el uso durante el ejercicio de sus funciones como parlamentarios. Además, aseguró que los diputados están obligados a devolver los dispositivos al concluir su mandato, subrayando que no se trata de una donación sino de un recurso necesario para facilitar la comunicación y el trabajo legislativo.

La controversia en torno a esta medida refleja las tensiones políticas y sociales en Bolivia, donde persisten preocupaciones sobre la administración responsable de los recursos públicos y la transparencia en el gasto gubernamental.

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