Pullaro Apoya la Ley Antimafia pero la Considera «Demasiado Garantista»
El gobernador Maximiliano Pullaro expresó su apoyo a la Ley Antimafia promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque la calificó como «demasiado garantista». Durante su exposición ante las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, Pullaro, acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, señaló que aunque respalda la iniciativa, tiene críticas específicas.
«Venimos a respaldar esta ley, pero nos parece demasiado garantista», comentó Pullaro, refiriéndose a la disposición que permite a un fiscal ordenar la detención de una persona solo por 48 horas. «En Santa Fe, la detención solicitada por un fiscal es de 30 días», añadió, destacando la diferencia con la normativa propuesta.
El gobernador defendió las políticas de seguridad implementadas desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023, atribuyendo a estas políticas y a las leyes dictadas en la Legislatura santafesina la drástica reducción en los índices de homicidios dolosos en Rosario y en la capital provincial. «El año pasado, en el mismo lapso de tiempo, hubo 129 homicidios y hoy tenemos 49. Y en la ciudad de Santa Fe se registraron hasta el momento 18 homicidios, contra 60 del año pasado», ilustró Pullaro.
El gobernador destacó que la reducción en los homicidios se debe al trabajo rápido y a las herramientas legales disponibles, así como a la coordinación entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia federal. «Al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan herramientas institucionales», afirmó en el plenario de comisiones.
El proyecto de Ley Antimafia, impulsado por la administración de Bullrich, toma como referencia normativas de Estados Unidos, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, y el histórico combate al crimen organizado en Italia. La ley se aplicaría a delitos como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos, siempre que estén relacionados con organizaciones criminales.
Además, la propuesta agrava las penas de ocho a veinte años de prisión por pertenecer a una asociación delictiva. No obstante, especialistas que expusieron ante las comisiones advirtieron que la ley no aborda temas clave como el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales.
