«La Argentina de los planes sociales es el país de la curita, hay que generar empleo»

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La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, destacó medidas para amortiguar el impacto de la pandemia pero reconoció que la inflación es «una gran tarea pendiente»

De acuerdo a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, “la Argentina de los planes sociales es una Argentina de la curita, un remedio ante una situación de emergencia”. La apuesta, asegura, es generar empleo y dispara: “Cuando se fue Cristina Kirchner había 220 mil planes. Cuando se fue Mauricio Macri, 560 mil”.

En un paréntesis de una agenda cargada en Rosarios, que incluyó reuniones con la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los ministros Roberto Sukerman y Walter Agosto y el rector de la UNR, Franco Bartolacci, pero también encuentros en el territorio y con dirigentes de La Corriente, la funcionaria mantuvo una entrevista con La Capital en la que analiza el cuadro socioeconómico que agravó la pandemia, destaca las medidas que tomó el gobierno para amortiguar el impacto de la crisis y apuntalar la reactivación económica y reconoce que la inflación “es la gran tarea pendiente”.

—¿Cómo analiza la situación socioeconómica del país, que ya venía deteriorada y se agravó con la pandemia?

—La pandemia hizo estragos, pero en países que tenían cierto nivel de pobreza y de informalidad laboral el daño fue mayor. La Argentina venía de cuatro años de sistemática exclusión y pérdida de empleo: en ese período, 250 mil trabajadores perdieron el empleo formal y 25 mil pymes cerraron sus puertas. En 2020 la pérdida no fue mayor porque hubo una enorme amortiguación del impacto, con una batería de transferencias de recursos a todos los sectores. Por ejemplo, a través del ATP.

—¿El diagnóstico sobre Rosario y la provincia es el mismo o encuentran particularidades?

—Lo que ocurre en Rosario es similar a lo que se observa en las grandes urbes: se ve brillo, riqueza, construcción, pero también un cordón con mucha vulnerabilidad social. Con la pandemia la changa, el trabajo informal, se retrasó: la gente no podía salir a hacer su trabajo. Al pasar del Aspo al Dispo se empezó a recuperar la vida en el territorio de la informalidad: comenzó a salir el que vende facturas en la calle, se abrieron las obras. Hay que tratar de ir escalando hacia arriba y recuperar el ingreso en lo primero que se cayó. En ese sector estuvimos muy presentes, primero con la tarjeta Alimentar y luego con el IFE. De todos modos, éramos muy conscientes de que había que levantar el IFE en algún momento y se levantó en un momento donde había indicadores que daban cuenta de reactivación de la economía. La actividad recuperó niveles de prepandemia, no sólo por rebote sino también por decisiones que se toman: por ejemplo, quitas impositivas en la industria automotriz e incentivos fiscales para el Norte Grande. Hablamos con Sukerman sobre la necesidad de que estos beneficios impositivos alcancen a los seis departamentos del norte de la provincia.

—En ese marco de reactivación económica con ciertas fragilidades, ¿cuáles son las situaciones que les genera más alarma?

—Tenemos la mirada puesta en tratar de garantizar la transferencia de ingresos a los sectores que van a tardar en recuperar su situación laboral. Ahí hay una política muy clara de que niños y niñas tengan un sistema de protección: el combo de AUH más tarjeta Alimentar garantiza una transferencia promedio de 10 mil pesos mensuales, que no tiene razón de ser si no garantizamos que esos recursos no se vayan por una canaleta. Observamos con mucha preocupación tres componentes: el precio de los alimentos, garantizar tarifas justas y razonables para esa población, y el costo de la telefonía móvil y el servicio de televisión. En función de esto, lanzamos la prestación básica universal: no puede ser que una familia que está bajo la línea de indigencia destine el 30 por ciento de su ingreso para tener telefonía móvil. Más, cuando la educación en este esquema mixto de virtualidad y presencialidad requiere que las familias tengan carga en el celular.

—¿Está en carpeta que regrese el IFE si la situación sanitaria empeora y se deben tomar medidas que restrinjan la circulación y la actividad económica?

—Cuando el ministro de Economía (Martín Guzmán) anunció en diciembre que era la última cuota del IFE expresó que es fundamental tranquilizar las variables macroeconómicas, y el déficit es una de ellas. Entendemos que hay que ir paulatinamente acomodando esas variables, pero la Argentina no está en un momento como para poder quitar toda la batería de ayuda social que hay que ir dando, todavía la economía está muy dañada. En ese sentido, se desarticuló el ATP y se activó inmediatamente el Repro II, donde se paga la mitad de la nómina de los trabajadores formales de las ramas en problemas. Seguimos ayudando mensualmente a 330 mil trabajadores; es una política que muchas veces no se asocia al gasto público y claramente es un esfuerzo del Estado, necesario hasta todas los sectores vuelvan a la actividad prepandemia. Al mismo tiempo, estamos esperanzados con que las vacunas nos permitan evitar lo que ya se ve en los países de la región: la segunda ola. Por ahora, estamos mirando muy atentamente el sistema sanitario, la curva de contagios y una economía que debemos seguir custodiando.

—Un problema central de la economía, sobre todo para los sectores populares, es el precio de los alimentos, que han subido más que la inflación. ¿Cómo están pensando atacar esto?

—Es una de las mayores preocupaciones del presidente y la vicepresidenta: cómo resguardar estos ingresos que nos cuesta tanto recomponer. Está la política de Precios Cuidados, que busca regular los precios a través de un acuerdo con las grandes cadenas de comercialización, pero también hay que trabajar la ampliación de la oferta de alimentos con sectores de la economía popular y social. Confío en nuestro querido ministro, que dijo que este primer trimestre íbamos a tener una inflación más alta que en el resto del año, sobre todo en alimentos por los precios de las commodities. La inflación es una gran tarea pendiente, no sólo de la política sino de los empresarios y los sindicatos. Manejar las expectativas inflacionarias no es una tarea sencilla, pero creemos en un abordaje integral que nos va a llevar tiempo pero que nos permitirá dar pasos de manera positiva.

—Hay un planteo que atraviesa la sociedad que sostiene que los planes sociales desincentivan la búsqueda de empleo, incluso algunos dirigentes opositores hablan de “pobrismo”. ¿Cuál es su mirada de esta posición?

—La Argentina de la timba y la especulación financiera duplicó la cantidad de planes sociales que teníamos en la Argentina: cuando se fue Cristina había 220 mil. Cuando se fue Macri, 560 mil. Creemos que la Argentina de los planes sociales es una Argentina de la curita: es un remedio para una situación de emergencia pero nosotros apostamos a generar puestos de trabajo en todo el país. El gobierno vino a llamar al Consejo Económico y Social para sentar a empresarios, el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales en una mesa para elaborar varias medidas que necesitamos para desarrollar la Argentina.

—¿Se pueden construir consensos en una situación económica tan crítica y en una escena política tan polarizada?

— No tengo ninguna duda, no sólo porque dialogo con los empresarios y las pymes sino porque son los primeros en ver que viene una Argentina que vuelve a apostar por el empleo y la producción. Tenemos una agenda que no estuvo en los últimos cuatro años: el gobierno anterior construyó un relato y chocó la calesita.


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